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martes, 7 de junio de 2011

REFORMA AGRARIA: EL PROBLEMA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

PRESENTACIÓN

Absalón Machado C. dice lo siguiente “Cada vez que se habla de sector rural en Colombia nos remitimos a la reforma agraria como la solución de sus problemas. Pero en el país nunca se adelantó un proceso serio y adecuado de redistribución de la propiedad rural que facilitara los procesos de crecimiento y desarrollo con equidad, convivencia y justicia social. El hecho de que haya fracasado la reforma concebida dentro de un esquema redistributivo de la propiedad, que buscaba crear una clase de pequeños propietarios recreando las economías campesinas, no significa que hayan desaparecido los factores que definen la necesidad de una reforma. Ellos permanecen, sus características y complejidades han cambiado desenvolviéndose en un contexto y una época diferentes. La reforma agraria en Colombia parece pertinente, aún dentro del proceso de globalización. Lo que debe discutirse es su contenido, su concepción y el modelo de desarrollo rural requerido para solucionar los problemas del campo. Debe discutirse de qué manera se puede resolver hoy la complejidad del problema rural en un mundo incierto e impredecible. ¿Los instrumentos que se usaron en el pasado son apropiados hoy? ¿El esquema reformista practicado por el Incora y los distintos gobiernos garantiza una solución estable, eficiente y viable de la cuestión agraria?”

EL PROCESO DE MODERNIZACION DURANTE LOS GOBIERNOS LIBERALES DE 1930 A 1946

Gobierno de Enrique Olaya Herrera

El primer presidente liberal, elegido después de 45 años de dominio conservador, fue Enrique Olaya Herrera. Olaya gobernó con mayoría conservadora en el Congreso y pidió la colaboración de ese partido para equilibrar los intereses de ambos grupos políticos en su gobierno, denominado Concentración Nacional. La inversión en obras públicas continuó durante su administración y se entregaron nuevas concesiones a compañías norteamericanas para la explotación de petróleo.

Olaya tuvo que tomar medidas para frenar la ola de agitación social existente en los campos y en las ciudades. En 1931 su gobierno expidió una ley por la cual se legalizaron los sindicatos. Con esta medida el gobierno liberal consiguió el apoyo de los obreros y logró controlar el descontento en las ciudades. Sin embargo, en los campos la agitación crecía por varias razones: los trabajadores rurales pedían mejores condiciones de trabajo y alza en los salarios y, en algunos casos, los campesinos invadieron propiedades de grandes terratenientes. El intenso conflicto agrario hizo ver la necesidad de llevar a cabo una reforma en el sistema de propiedad de las tierras.

En 1932, tropas peruanas invadieron el puerto colombiano de Leticia en el río Amazonas. Esto originó el Conflicto con el Perú que fue solucionado en 1934 mediante el Protocolo de Río de Janeiro que confirmó la soberanía colombiana sobre los territorios amazónicos reclamados por el gobierno peruano.

Las medidas económicas y sociales tomadas por el Gobierno durante la administración de Olaya dieron paso a las reformas más profundas que se llevaron a cabo durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, elegido presidente para el período 1934-1938. Por esta razón, algunos historiadores califican el gobierno de Olaya como un gobierno de transición.

López Pumarejo y la Revolución en Marcha


La primera administración de López Pumarejo puso en marcha un programa de gobierno mediante el cual se pretendía modernizar la legislación social y económica del país, de acuerdo con los principios neoliberales. Los liberales comprendieron que solo un plan de reformas podría detener el descontento social y la penetración de ideas socialistas, ajenas a la ideología del partido liberal. Por esta razón, el gobierno de López fue reformista.

Para lograr los objetivos de su Revolución en Marcha, López y sus asesores propusieron un plan que comprendía leyes sociales, con las cuales se pretendía favorecer a los grupos de bajos recursos económicos. Las reformas logradas se introdujeron en la Constitución de 1936 y pueden resumirse como sigue:

Reforma agraria: la ley 200 de 1936, por la cual se estableció la reforma agraria, tenía como finalidad otorgar tierras a todos aquellos que cultivaban territorios que no les pertenecían y llevar a la práctica el principio de que la propiedad privada debe cumplir una función social. Esta ley prohibió los desalojos de los campesinos que invadían territorios ajenos y facultó al Estado para expropiar tierras en caso de que fuera necesario.
Además, decretó la extinción del dominio a los 10 años, es decir, que si una propiedad no estaba debidamente explotada a los 10 años a partir de la expedición de la ley, podía ser expropiada por el Estado y entregada a campesinos sin tierra.
A esta reforma se opusieron los terratenientes que se organizaron en un movimiento político llamado APEN (Asociación Patriótica Económica Nacional). Gracias a ella, López ganó el apoyo del campesinado.

CRISIS DE LA REPUBLICA LIBERAL. EDUARDO SANTOS Y LA SEGUNDA ADMINISTRACION LOPEZ

Durante su gobierno no se establecieron nuevas leyes reformistas y se aplicaron las propuestas durante el gobierno anterior aunque sin ello afectara profundamente a los grupos económicamente poderosos que habían brindado total apoyo a la candidatura presidencial de Santos. Santos tuvo que afrontar la crisis ocasionada por el desarrollo de la segunda guerra mundial que, al igual que las anteriores crisis internacionales, afectó nuestra economía ya que se redujeron las compras de café colombiano en el mercado internacional y las importaciones.

Santos aplicó medidas proteccionistas y puso en práctica los principios intervencionistas que habían sido establecidos durante el gobierno de López. Obreros y campesinos, desilusionados por la lentitud con que el Gobierno aplicaba las reformas, comenzaron a retirar su apoyo al Gobierno y se unieron al movimiento que dirigía el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. El partido comunista, que había sido creado en 1930, mantuvo su apoyo al liberalismo, debido a una política mundial, adoptada por los partidos comunistas de todos los países, que consistía en apoyar los gobiernos liberales reformistas. Alfonso López fue reelegido para el período 1942-1946 a pesar de la oposición de algunas fracciones del liberalismo, en especial de la que acaudillaba Jorge Eliécer Gaitán.

La difícil situación económica ocasionada por la guerra mundial y por la baja de los precios del café impidió a López adelantar su programa de reformas sociales y la oposición debilitó progresivamente su movimiento. Muchos de sus antiguos seguidores brindaron su apoyo a Gaitán. En 1944 un grupo de militares intentó dar un golpe de estado pero fracasó debido a divisiones dentro de las fuerzas armadas. En 1945, López se vio obligado a renunciar dejando al mando a Alberto Lleras Camargo.

EL GAITANISMO: EL MOVIMIENTO POPULAR DE JORGE ELIECER GAITAN

En su concepto, el país necesitaba muchos cambios sociales y la democracia era la mejor manera de lograr que esos cambios se llevaran a cabo. Los cambios propuestos por Gaitán estaban encaminados a lograr una sociedad más justa, donde la riqueza estuviera mejor distribuida y donde no existieran grupos exageradamente ricios y grupos exageradamente pobres. Y esta misión debía llevarla a cabo el partido liberal, dentro de los límites de la democracia y de acuerdo con las ideas socialistas.
Gaitán comenzó a destacarse en la escena política nacional desde 1929, cuando viajó a la zona bananera poco después de la huelga de los trabajadores de la United Fruit Company.

Después de recoger testimonios directos, regresó a Bogotá y denunció ante el Congreso la forma como el Gobierno había reprimido la huelga. El debate que se desató a raíz de la denuncia de Gaitán fue uno de los factores que contribuyó al desprestigio del gobierno de Abadía Méndez y del conservatismo. Poco después, en 1932, Gaitán creó un movimiento popular denominado UNIR (Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria) con el fin de presionar para que introdujera algunas reformas sociales en la Constitución.

LAS REFORMAS DE 1850 Y SUS CONSECUENCIAS

LA SITUACION SOCIO-ECONOMICA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Los grupos sociales que existían en el país eran los siguientes:

Los terratenientes: eran los poseedores de grandes extensiones de tierra que habían mantenido el poder económico y político durante la primera parte del siglo. Básicamente, explotaban parte de sus tierras con mano de obra asalariada (indios y mestizos), y en algunos casos con mano de obra esclava. Los terratenientes no estaban interesados en un cambio en las leyes relacionadas con la propiedad agraria, ni en que se aboliera la esclavitud.

Los comerciantes: este grupo social se fortaleció durante la primera mitad del siglo, y obtenía sus riquezas mediante la práctica del comercio. Estaban de acuerdo de un sistema económico más abierto que les garantizara libertad para exportar e importar, sin ninguna intervención por parte del Estado. O sea, eran defensores del librecambio. También eran partidarios de suprimir la esclavitud y el sistema de resguardos indígenas. Según los comerciantes, una vez que esclavos e indígenas se integraran a una economía de mercado, es decir, una vez que ellos comenzaran a ganar un salario por su trabajo, estarían en capacidad de comprar los productos que vendían los comerciantes.

Los artesanos:
eran propietarios de pequeños talleres en los que se elaboraban algunos productos de primera necesidad, como telas ordinarias, sombreros, canastos, cerámicas, etc. Los artesanos eran partidarios del proteccionismo, o sea un sistema de altos impuestos aduaneros, como medio para impedir que entraran al país productos extranjeros que compitieran con los que ellos producían. También defendían la abolición de la esclavitud y de las leyes que ligaban los indígenas a la tierra. El beneficio para ellos, igual que los comerciantes, era que si los esclavos e indígenas recibían un salario, esto permitiría la compra de lo que ellos producían.

Los esclavos:
a pesar de la ley de libertad de partos, proclamada en 1821, todavía quedaba en nuestro país un reducido número de esclavos negros (entre 18.000 y 20.000), los cuales eran propiedad de los terratenientes y no ganaban ningún salario por su trabajo. La mayoría de estos esclavos estaban enfermos o eran de muy avanzada edad. Desde la época de las guerras e independencia, lucharon del lado del que les prometiera la supresión del sistema de esclavitud.

Los indígenas: este grupo se encontraba marginado del proceso político pero los gobiernos se preocuparon por definir su situación jurídica dentro de la sociedad. Desde los comienzos de la República se dieron los primeros pasos para eliminar el sistema de resguardos, o sea las tierras otorgadas a los indígenas para que fueran explotadas por la comunidad. En 1821 una ley autorizó la división de esos resguardos y a cada familia le fue adjudicada una parcela. Sin embargo, esta ley, al igual a las que se dictaron en 1832 y 1843, obligaba al indígena a habitar, por un mínimo de tiempo, el terreno que le había sido adjudicado y le prohibía venderlo antes de que se venciera el plazo fijado por la ley.

Se puede ver entonces, que a mediados del siglo XIX existían algunos grupos sociales interesados en conservar la tradición heredada de los españoles (los terratenientes, el clero) y otros que pedían un cambio a favor de una economía sin trabas y de una cierta democratización de la sociedad lo cual era muy importante para los comerciantes y artesanos, cuyas ganancias dependían de la capacidad de compra de grupos menos favorecidos económicamente.

LAS REFORMAS DE MEDIO SIGLO

Entre 1845 y 1850 se presentaron cambios en la Nueva Granada que condujeron al triunfo de las ideas liberales librecambistas.

El gobierno de Mosquera y el comienzo de las reformas liberales


En 1845, subió a la presidencia Tomás Cipriano de Mosquera, quien gozaba del apoyo de los terratenientes esclavistas. Pese a su tradición conservadora, Mosquera impulsó una serie de reformas con claras tendencias liberales. Su secretario de hacienda, Florentino González, fue el autor de la política económica de este gobierno y el iniciador de las reformas liberales de medio siglo. González, educado en Inglaterra, conocía a fondo la ideología del liberalismo económico.

Se convirtió en el vocero de los intereses de los comerciantes que buscaban que se impusiera el librecambio y que deseaban que la Nueva Granada fuera un país agrícola-minero que suministrara materias primas a los países industrialmente desarrollados para recibir a cambio productos terminados.
Como resultado de su política, se restableció la navegación por el río Magdalena, interrumpida desde 1841.
Esta medida favoreció a los comerciantes, puesto que les facilitaba sus actividades de importación y exportación. La orientación librecambista del gobierno de Mosquera ocasionó la protesta de los artesanos quienes se agruparon en sociedades democráticas, cuya finalidad era presionar al gobierno para imponer una política proteccionista que defendiera la naciente manufactura nacional.

LAS GRANDES REFORMAS DE 1850


Mosquera fue sucedido en la presidencia por José Hilario López quien contó con los votos de los artesanos que esperaban que se mantuviera el proteccionismo. Una vez posesionado, el gobierno inició el proceso de reformas que introdujeron profundos e importantes cambios en la economía. Estas reformas fueron:

Reforma fiscal: consistió en la abolición de muchos impuestos coloniales que todavía estaban vigentes en la Nueva Granada. Suprimió el diezmo y el estanco del tabaco con lo cual se incrementó el cultivo de este producto. Además, el gobierno cedió a las provincias el derecho de fijar y recaudar algunos impuestos y las autorizó para suprimirlos si la autoridad provincial lo consideraba conveniente.

Abolición de la esclavitud: en 1851, el gobierno declaró libres a los esclavos que aún subsistían en el país. Los terratenientes del sur, donde estaba concentrada gran parte de la población esclava, se rebelaron contra esta ley y organizaron una revuelta pero no tuvieron éxito. Los esclavos libertos pasaron a formar parte del grupo de trabajadores agrícolas asalariados.

Reforma agraria: se suprimieron definitivamente los resguardos o tierras que habían sido entregadas a los indígenas desde la época colonial. Con esta ley culminó el proceso de disolución de resguardos que había comenzado en 1821. Los indígenas, desalojados de sus tierras, pasaron a formar parte del grupo de peones asalariados en las grandes haciendas, muchas de las cuales aumentaron su tamaño a costa de la disolución de los resguardos.
Esta reforma suprimió además los ejidos, tierras comunales cercanas a los poblados y ciudades que servían para el sustento de los pobres de las ciudades. Estas tierras fueron adquiridas por ricos terratenientes o por comerciantes interesados en cultivar productos de exportación y sus antiguos beneficiarios se convirtieron entonces en trabajadores asalariados de los nuevos propietarios.

Establecimiento del librecambio:
pese a las promesas que López había hecho a los artesanos, el librecambio fue establecido definitivamente. Esta reforma favoreció a los comerciantes importadores-exportadores y a los terratenientes interesados en vincularse al mercado internacional.

Leyes contra la Iglesia: la política del gobierno de López fue adversa a la Iglesia. Se suprimió el fuero eclesiástico o derecho del que gozaban los clérigos de ser juzgados mediante procedimientos especiales. Se proclamó la elección popular de los párrocos y los jesuitas, que habían regresado al país durante el gobierno de Herrán, fueron expulsados nuevamente. Algunos obispos fueron desterrados. En 1853 se abolió el Patronato Republicano y se decretó la total separación entre la Iglesia y el Estado.

Más recientemente, en 1996 grupos paramilitares expulsaron violentamente 280 familias campesinas de la Hacienda Bellacruz incendiando viviendas, destruyendo escuelas y cultivos y dejando un saldo de más de 40 campesinos asesinados. Un año más tarde la mayoría de las familias fue reasentada en tres fincas en otras regiones del país. Las familias siguen sufriendo una situación crítica porque las tierras que recibieron son de mala calidad y no tienen títulos de propiedad; además, las familias están obligadas a pagar por las nuevas tierras. Las duras condiciones de crédito y la imposibilidad de generar los ingresos suficientes por falta de apoyo adecuado condenan a las familias a vivir en una situación precaria.

Hasta hoy las amenazas de muerte y los hostigamientos en contra de las familias por parte de los paramilitares no han cesado. Hasta hoy no hay ninguna posibilidad para las familias de vivir en paz ni hay un día sin temor de perder la tierra.

“Sobra mucha gente en el campo y en la agricultura”

Al iniciarse el nuevo milenio, Colombia se encuentra en medio de un grave conflicto armado cuya intensidad crece continuamente. Aunque el país es bien conocido a nivel internacional como sinónimo de narcotráfico, violencia endémica y creciente descomposición social, muy pocos conocen las raíces de los problemas actuales. La extrema inequidad en el campo y la exclusión de la población rural son una cuenta histórica pendiente que está en el centro de la confrontación política, económica y militar en Colombia hoy.

Al igual que el resto de América Latina, la historia de acaparación y despojo violento de tierras se remonta en Colombia a la invasión española. El primer intento de cambiar la injusta estructura de la tenencia de la tierra lo constituyó la ley 200 de 1936. Esta ley introdujo la función social de la propiedad con la consecuente posibilidad de la extinción de dominio en caso de que la tierra fuera dejada ociosa por un cierto tiempo, así como la jurisdicción agraria especializada en dirimir conflictos de tierras. La reacción terrateniente a esta ley no se hizo esperar: rápidamente se revirtieron muchas de las disposiciones que fortalecían los derechos de los campesinos. Además, la violencia partidista que tuvo dimensiones de guerra civil entre

1948 y 1958 hizo posible la aniquilación de las organizaciones campesinas e indígenas, causó el desplazamiento forzado de cerca de 2 millones de campesinos que fueron despojados de sus tierras y fue responsable del asesinato de más de 200 mil personas, especialmente en el campo.

Después de firmados los tratados de paz y en el marco de la „Alianza para el Progreso“ estadounidense fue creado en 1961 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA. La política agraria en la década de 1960 tuvo como objetivo modernizar el campo presionando a los terratenientes a hacer mayor uso de sus tierras bajo la amenaza de la extinción de dominio. Sólo hasta 1968 se aprobaron medidas complementarias que agilizaron e hicieron más eficaz el proceso de redistribución de tierras abriendo paso a una reforma agraria bastante limitada.

El „Pacto de Chicoral“, acuerdo político entre los partidos tradicionales y los gremios de propietarios, puso fin en 1973 a la incipiente reforma.

En lugar de la redistribución de tierras, los gobiernos fomentaron la colonización como forma de acceder a la tierra. Como consecuencia de la ley 4 de 1973 las expropiaciones para redistribución de tierras se hicieron imposibles; la actividad del INCORA solamente se reinició en 1982 mediante la adquisición de fincas a precios comerciales, en zonas de violencia llamadas de „rehabilitación“.

La política agraria, por su parte, se ha caracterizado principalmente por partir de la premisa de que es necesario acabar con la agricultura tradicional y campesina para dejarle el campo libre a los grandes terratenientes comerciales.

Narcotráfico, conflicto armado y modelo de desarrollo: la relatifundización del campo

La distribución de la tierra en Colombia es hoy más injusta que nunca: después de una cierta dinámica de redistribución entre 1970 y 1984, se puede observar desde ese entonces un proceso de reconcentración de las tierras en áreas mayores a las 2 mil hectáreas. Este proceso ha sido concomitante con la reducción drástica del área cultivada y el aumento exorbitante de tierras agrícolas dedicadas a la ganadería extensiva.

¿Cuáles son las causas de este fenómeno? En primer lugar, están los narcotráficantes quienes, con el fin de lavar sus dineros ilícitos, se adueñaron a gran escala de las mejoras tierras para dedicarlas principalmente a la ganadería. Esto intensificó la especulación con la tierra en espera de su valorización en vecindad de megaproyectos de infraestructura o de explotación de recursos naturales. Los nuevos terratenientes sellaron pronto alianzas con las Fuerzas Armadas y los partidos políticos tradicionales para atacar a los grupos guerrilleros de izquierda y defender militarmente sus intereses económicos.

Así se fortalecieron y multiplicaron los grupos paramilitares, que ya eran apoyados por antiguos latifundistas y que fueron creados por el Estado en 1965 con el pretexto de una estrategia de contrainsurgencia; estos grupos han contribuido a despojar a sangre y fuego a cientos de miles de familias campesinas de sus bienes y tierras en lugares económicos estratégicos.

Según estimaciones de la Consultoría de Derechos Humanos y Desplazamiento, entre 1985 y el primer trimestre de 2002 han sido desplazadas 2’855.410 personas. El latifundio es claramente la expresión de una relación social autoritaria y de sujeción.

Por otra parte, la aplicación de políticas de ajuste estructural, en especial, la liberalización del comercio agrícola y la privatización de servicios de extensión agropecuarios, arruinaron el campo colombiano. Como un indicador de la devastación económica baste mencionar que desde los años 1990 la importación de alimentos aumentó en un 700%. La crisis agropecuaria obligó a muchos trabajadores agrícolas a moverse a zonas de colonización y dedicarse a los cultivos |proscritos.

El campo colombiano en cifras

¿Mercado libre de tierras en tiempos de guerra?

En el marco de la aplicación consecuente de la agenda neoliberal, el gobierno colombiano aprobó en 1994 una nueva ley de reforma agraria inspirada en el modelo de compraventa voluntaria de tierras del Banco Mundial1). El objetivo de esta ley era dejar el proceso de distribución de tierras en manos del mercado y restringir la intervención estatal básicamente a subsidiar este mercado y a la aplicación de políticas macroeconómicas adecuadas para la dinamización del mercado de tierras. El diseño específico de este política en Colombia prevee que los potenciales beneficiarios deben demostrar que están en capacidad de llevar a cabo un proyecto productivo viable con la tierra que van a recibir. Los solicitantes seleccionados reciben del Estado un subsidio del 70% para la compra de la tierra teniendo que financiar por sus propios medios los 30% restantes. Cumplidos estos requisitos, los seleccionados entran en un proceso de negociación voluntaria con el dueño del predio que quieren comprar.

El programa de reforma agraria via mercado ha sido todo un fracaso. La meta de distribuir un millón de hectáreas en los primeros cuatro años sólo fue cumplida en un 10%. Las razones de este fracaso están en que los latifundistas no ofrecen tierras o solo de mala calidad y, al contrario, compran las mejores tierras que venden empresarios quebrados por la libertad de importaciones. Los campesinos tienen poca capacidad de negociación debido a que la violencia impide el fortalecimiento de sus organizaciones, mientras que los terratenientes tienen influencias políticas consolidadas local y nacionalmente

y corrompen el programa. Los presupuestos estatales fueron reducidos por planes de ajuste sucesivos.

Para completar, los intereses bancarios por los créditos para tierra y producción fluctuaron según el mercado financiero y resultaron impagables para todos los usuarios. Además, el programa excluye de entrada a familias pobres y sin capacidad de enfrentar todo el trámite y ha perpetuado la inutilización del instrumento de la expropiación que, según la constitución colombiana, podría hacerse por vía administrativa.

Vale la pena destacar también que esta ley rige el reasentamiento de la población desplazada. Esto quiere decir que para poder ser reasentadas, las familias desplazadas tienen que pagar 30% del nuevo terreno en lugar de ser indemnizadas y rehabilitadas por los daños sufridos.

El Plan Colombia: alianzas entre el jinete y el caballo

En el año 2000 el gobierno colombiano lanzó, en estrecha colaboración con el gobierno estadounidense, una iniciativa con el supuesto propósito de combatir el narcotráfico y promover la paz conocida como el „Plan Colombia“. La meta oficial es la erradicación de la mitad de las plantaciones de coca y amapola hasta el 2005. De esta forma el gobierno espera debilitar al grupo guerrillero FARC, que se financia con el cobro de “impuestos” a la coca producida por los colonos.

Usando helicópteros, aviones y dólares norteamericanos, las

Fuerzas Amadas colombianas vienen fumigando con herbicidas las plantaciones de coca y bombardeando laboratorios de cocaína. Sin embargo, el área sembrada con cocaína no ha disminuido, sino que por el contrario ha aumentado al desplazarse a otras áreas más lejanas. A quienes sí ha afectado letalmente el veneno es a las comunidades campesinas e indígenas de Putumayo, Sur de Caquetá, occidente de Amazonas: las fumigaciones, a base de glifosato, han provocado enfermedades (ceguera, diarrea, vómito, dermatitis, problemas respiratorios) y representan una violación múltiple a los derechos económicos y sociales de estas personas pues se están destruyendo sus medios de vida.

Por otra parte, el Plan Colombia pretende ofrecer alternativas a los campesinos para que sustituyan los cultivos de coca por plantaciones de palma africana, por ejemplo, dentro del modelo de las “alianzas estratégicas”. Esto significa para los campesinos integrarse a grandes proyectos empresariales destinados al mercado mundial en una forma modernizada de aparcería. Es por eso que las organizaciones campesinas hablan de una alianza entre el jinete y el caballo pues se trata de acabar con la economía campesina y someterla al latifundio globalizado. El Banco Mundial ha apoyado estos planes con un crédito para „asociaciones productivas“ en ocho zonas del país, seis de las cuales son controladas por paramilitares.

El Plan Colombia es, por lo tanto, un poderoso apoyo militar y económico en favor de los terratenientes.

Paz y reforma agraria

A pesar de todas las adversidades y el sufrimiento inflingido, las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas no se rinden y siguen en la lucha por tener un espacio propio de vida. La historia demuestra que la resistencia campesina es diversa, amplia y recursiva. A pesar de todos los intentos –incluyendo el desplazamiento forzado- de reducir la población dedicada a la agricultura, ésta ha aumentado en términos absolutos de 6 millones de personas en 1938 a 11,6 millones en 1993. La economía campesina ha jugado un papel central en la construcción de la economía colombiana y ha demostrado ser viable como lo revela recientemente el hecho de que los pequeños productores fueron capaces de soportar mejor que los grandes la liberalización del comercio agrícola. Organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de Usuarios

Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), FENSUAGRO luchan por su reconocimiento como sujetos de desarrollo alternativo.

La Campaña Global por la Reforma Agraria apoya el movimiento unitario de trabajadoras y trabajadores rurales aglutinados en el Consejo Nacional Campesino. Como lo han demostrado las movilizaciones recientes, los campesinos tienen capacidad nacional de convocatoria y sus exigencias son reconocidas por otros sectores de la sociedad civil colombiana como fundamentales para lograr la paz. Dentro del pliego nacional de demandas, la Campaña apoya particularmente:

· La realización de una reforma agraria integral y democrática que entregue gratuitamente la tierra a las campesinas y campesinos y utilice la extinción de dominio de los latifundios inadecuadamente explotados, así como la expropiación por vía administrativa de otros predios. Fortalecimiento de la economía campesina y financiamiento adecuado de las instituciones estatales del sector agropecuario.

· Cese del desplazamiento forzado, los asesinatos, las desapariciones y torturas en contra de las comunidades rurales. Atención inmediata, oportuna e integral a las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas desplazadas. Indemnización y retorno a sus tierras con plenas garantías de seguridad y proyectos productivos subsidiados por el Estado.

· Eliminación inmediata de las fumigaciones sobre los cultivos proscritos, implementando la sustitución gradual a través de la concertación comunidades rurales- Estado-Comunidad internacional con financiación de planes de desarrollo sostenibles y planes de vida.

· Indemnización a las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas y a sus familias afectadas por el conflicto social y armado; protección a las líderes y sus organizaciones para el trabajo social y organizativo

y vinculación a los programas de inversión social, en especial, a las mujeres cabeza de familia.

· Defensa de la propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas y de las tierras de las comunidades

afrocolombianas y establecimiento de Reservas Campesinas inalienables.

· Eliminación de las políticas internacionales de “libre comercio” que han arruinado a los agricultores, fomentado la concentración especulativa de la tierra y acabado con la soberanía alimentaria. No al

Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ALCA y al tratado bilateral de libre comercio con Estados

Unidos. Fuera la agricultura de la Organización Mundial de Comercio.

ESTA ES LA REFORMA AGRARIA DE URIBE...INDIGNANTE

Programa de Agro Ingreso Seguro

Agro Ingreso Seguro (A.I.S.) es un programa del gobierno colombiano que busca otorgar subsidios a agricultores colombianos. El programa fue diseñado e implantado por el entonces ministro de Agricultura de Colombia, Andrés Felipe Arias bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Se han denunciado irregularidades en la ejecución del programa relacionados con actos de corrupción y beneficios a algunos terratenientes.[] En cifras de 2009 el gobierno reportó el beneficio por medio del programa a cerca de 300 mil agricultores.[]

Familias en acción

Valerie Domínguez es una mujer con mucha belleza y talento, pero también con mucha suerte. En 2005 fue elegida reina de Colombia entre 21 candidatas y en sólo tres años se convirtió en una cotizada modelo y actriz con proyección internacional, cuando muchas se esfuerzan años en recorrer ese camino y nunca alcanzan un éxito similar.

Su carrera como diseñadora de joyas, que fue para lo que estudió, también le ha dado grandes réditos en muy corto tiempo. Ya tiene dos tiendas en Bogotá y Barranquilla y planea extender su negocio a otras ciudades.

Ese talento y esa suerte que la han acompañado le sirvieron ahora para ser una de las beneficiarias de un millonario subsidio no reembolsable (que no tiene que devolver) de Agro Ingreso Seguro, el programa más importante del Gobierno que tiene entre sus objetivos principales "promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía".

Este año se presentaron 376 proyectos, pero sólo 100 fueron favorecidos con el subsidio, pues los 72.500 millones de pesos destinados no alcanzaron para más. Domínguez fue una de las beneficiadas y el Gobierno está a punto de girarle 306 millones de pesos, para actividades de "riego y drenaje". Al cierre de esta edición, no había sido posible conocer las explicaciones de Valerie al respecto.

En la investigación que revela la revista Cambio, Valerie figura en el mismo listado de subsidios otorgados al abogado Danny Alirio Villamizar, hijo del senador Alirio Villamizar -comprometido en el escándalo de las notarías y hoy detenido-, que hace unos días fue noticia porque se conoció que el año pasado el Ministerio le dio 496 millones de pesos para actividades del campo. Un subsidio no reembolsable y libre de impuestos, gracias a una ley de la que fue autor su padre.

Pero Valerie Domínguez no es la única reina y modelo que aparece en este listado. Ana María Dávila, elegida en 1999 como ’reina nacional del Mar’, también fue favorecida el año pasado con un subsidio millonario que le giraron del programa Agro Ingreso Seguro igualmente para "riego y drenaje". Ana María recibió 448 millones de pesos.

Curiosamente ambas, además de compartir sus gustos por las coronas, las pasarelas y los subsidios agrícolas, tienen el mismo comisionista de bolsa: Juan Manuel Dávila Fernández de Soto. La primera es su prometida y la segunda, su hermana. Juan Manuel también figura con 435 millones de pesos, como otro de los beneficiados del programa Agro Ingreso Seguro para actividades de "riego y drenaje".

Todo indica que la familia Dávila es una de las grandes beneficiadas del drenaje y la irrigación de los recursos públicos, pues el padre, Juan Manuel Dávila Jimeno, recibió un subsidio de 445 millones y la madre, María Clara Fernández, otro por 440 millones. En total, la familia Dávila, una de las más ricas e influyentes de Santa Marta, recibió en el último año más de 2.200 millones de pesos en subsidios para "riego y drenaje" en Algarrobo, Magdalena, en donde, irónicamente, muchos campesinos si almuerzan, no comen. "Lo de los Dávila es una vergüenza -dice un consultor que conoce de cerca el programa-. Cómo le regalan plata de todos los colombianos a una de las familias más poderosas de Magdalena. Es inaudito".

Pocos los escogidos

Quienes participan en las convocatorias oficiales piensan que acceder a un subsidio del programa Agro Ingreso Seguro es como ganarse la lotería, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Sin embargo, en la lista de beneficiaros de estos subsidios no reembolsables, entregados en su mayoría en la administración de Andrés Felipe Arias, hoy ex precandidato conservador, se ve que buen número de los que recibieron estos recursos son grandes empresarios del campo y familias millonarias con gran influencia política regional.

Además de los Dávila, en el listado de afortunados aparecen los Vives Lacouture, otra de las familias poderosas de Magdalena, cuyos miembros se han desempeñado en altos cargos públicos y de elección popular, como Luis Eduardo, elegido para el Congreso en el periodo 2006-2010, condenado en el proceso de la parapolítica el año pasado y que hoy goza de libertad condicional.

Los Vives Lacouture, cuya mayoría de proyectos se desarrollan en la zona bananera, han recibido subsidios por más de 5.000 millones de pesos. "Para nadie es un secreto que los Vives apoyaron al presidente Uribe en las campañas políticas. Con estos subsidios les han pagado el apoyo", dijo un político de Magdalena que pidió reserva de su nombre.

Los Lacouture Dangond y Lacouture Pinedo, familiares entre sí y con miembros en altas posiciones del Gobierno, como María Claudia Lacouture, cabeza del programa Colombia es Pasión, también han recibido subsidios por 5.235 millones de pesos para actividades de "riego y drenaje": 2.829 millones en 2007 y 2.406 millones en 2008. En cabeza de los Vives Pinedo, socios de los Lacouture en empresas como FMP & Cía., también figuran subsidios por cerca de 1.000 millones de pesos en 2007.

Las sorpresas no paran allí. Los Dávila Abondano, influyente clan de Magdalena y cabeza del Grupo Daabon, importante comercializador de productos orgánicos e ingresos por 120 millones de dólares al año en Colombia, aparecen como beneficiarios de un subsidio por 463 millones de pesos en 2008, y de otros dos por 440 millones que en próximos días serán desembolsados. Hoy, este grupo empresarial es cuestionado por la prensa británica debido a una denuncia de la Organización Cristian Aid, en la que se los sindica de desalojar de sus predios a 123 familias en Magdalena para extender sus negocios de palma de aceite.

Otros beneficiados en esta cosecha de subsidios fueron la familia Tribín, con influencia en la zona bananera, que recibió 2.140 millones de pesos; los Vives, en esta misma región, con 1.610 millones; la familia Riveros Páez, en Meta, con 2.000 millones; los Fernández de Castro, con 1.413 millones; los Posada Grillo, en Valle, con 1.037 millones; y la familia Cuello, en La Guajira, con 629 millones, entre otros.

Pero ahí no paran los casos. En el listado de beneficiados de 2009 aparece María Mercedes Sardi de Holguín, prima del ex ministro del Interior Carlos Holguín Sardi, quien recibirá 200 millones de pesos para un programa de "riego y drenaje". Consultado el ex ministro Holguín, aseguró: "Me sorprende porque ellos, de agricultura, pocón".

¿Tendrá presentación que subsidios destinados supuestamente a reducir la desigualdad en el campo hayan terminado en las manos de los más ricos o que familias influyentes y grandes empresarios agrícolas reciban recursos no reembolsables, es decir, que no tienen que devolver? Según Julián Alfredo Gómez, director de Agro Ingreso Seguro, las reglas son generales. Ellos las cumplieron y ganaron en franca lid. "El programa tiene cero influencia política. Aquí, priman los requisitos técnicos", puntualiza Gómez.

Y aunque jurídicamente la entrega de subsidios puede estar justificada, muchos cuestionamientos surgen sobre si estos millonarios subsidios no reembolsables terminaron en los bolsillos adecuados.

JOSÉ MANUEL REVERÓN P. Subeditor General Revista Cambio. Martes 29 de septiembre de 2009, por dhcolombia en http://www.dhcolombia.info/spip.php?article811

Vale la pena resaltar que el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, está haciendo con las tierras de dicho país como le parezca, pues con el programa de extranjerización de la misma le está dando la oportunidad a las multinacionales de volverse más ricas, sin importar cuantas familias campesinas e indígenas se vean afectadas. Este es un gran problema, que tras escudarse de la inversión extranjera, nos está dejando sin nada en las manos.

Para finalizar, la reforma agraria es un tema extenso y complejo que inicialmente busco la justicia y la igualdad, pero que con los intereses políticos y económicos de un grupo pequeño de personas, desvió dicha ideología y ahora, son los ricos quienes se están apropiando de las tierras.

Aspectos a tener en cuenta:

La política de tierras del Banco Mundial

”Seamos realistas, tratemos lo imposible”, dijo el revolucionario latinoamericano Ernesto ”Che” Guevara. Hoy es el Banco Mundial quien hace una re-interpretación neoliberal de la frase utópica mediante sus nuevos conceptos de la política de tierras. La ”reforma agraria asistida por el mercado” es expresión de su doble deseo:

”Seamos realistas (conformes con el mercado), tratemos lo imposible (una reforma agraria de mercado, que no le duela a nadie y en la cual todos salgun ganando).

Parece que el Banco busca hacer lo imposible: la cuadratura del círculo.

Durante décadas el Banco Mundial ignoró el tema de la injusta distribución de la tierra y la necesidad de implementar una reforma agraria integral en gran parte de los países del sur. A raíz de las fuertes críticas que han suscitado las políticas neoliberales de ajuste estructural especialmente por sus desastrosos efectos en el nivel de vida de la mayoría de la población rural, el Banco Mundial anuncia a mediados de los años noventa un giro en sus políticas para priorizar los programas de combate a la pobreza y, en este marco, descubre el tema de la reforma redistributiva de tierras. Desde entonces el Banco viene propagando con gran ímpetu su modelo de ”reforma agraria asistida por el mercado” en diversas regiones del mundo. Esta ofensiva, a la vez que abre oportunidades, encierra serios peligros pues este modelo no garantiza la realización de una reforma agraria integral y amplia que haga realidad el derecho de las familias campesinas pobres a acceder a la tierra y demás recursos productivos para poder alimentarse dignamente y producir. Además, la manera como el Banco Mundial está aplicando su modelo ignora las fuerzas sociales que están luchando por la reforma agraria en sus países y amenaza con destruir sus conquistas sociales.

Cuando se habla aquí de reforma agraria, se la entiende en el sentido doble de reforma de la tenencia de la tierra y reforma del uso de la misma. Mientras la primera dimensión se refiere a la repartición de tierras, la segunda está relacionada con las condiciones de producción como acceso al crédito, asistencia técnica y comercialización.

De la ”revolución verde” ...

Hasta los años 1970 el Banco Mundial consideró el problema de la alta concentración de la tierra en pocas manos únicamente como un obstáculo para el mayor crecimiento y la eficiencia de la agricultura. Sus políticas se concentraban entonces principalmente en crear incentivos para la utilización intensiva de las tierras y el aumento de la producción. La modernización e industrialización de la actividad agrícola conocida como ”revolución verde” fue fruto de las políticas promovidas en esas décadas.

El problema de la injusta distribución de la tierra fue reconocido explícitamente por el Banco Mundial por primera vez en su documento ”Política de reforma de tierras” del año 1975. Teniendo en cuenta la pobreza y la falta de empleo en el sector rural, el documento destaca la importancia de garantizar el acceso a la tierra a las familias más pobres para aumentar la eficiencia económica y la equidad social.

Con la aplicación de los programas de ajuste estructural como supuesta respuesta a la crisis económica y financiera de muchos países a comienzos de los años 1980, la nueva política de tierras apenas quedó en el papel. Tanto el FMI como el Banco Mundial volcaron todas sus energías en la imposición del

”Consenso de Washington” para reducir la intervención del Estado en la economía al mínimo mediante las políticas de desregularización, liberalización y privatización, y así regresar al sendero del crecimiento económico. Los programas de ajuste estructural, además de que hicieron desaparecer de las agendas nacionales e internacionales de desarrollo el tema de la reforma agraria, han tenido consecuencias devastadoras para los pequeños agricultores y las familias campesinas sin tierra; dentro de éstas se destacan el aumento de la desigualdad del ingreso, la reconcentración de la tierra, la destrucción de la economía campesina familiar y local y el aumento de la pobreza en el campo.

... a los mercados de tierras

A raíz de las críticas cada vez más fuertes en contra de la política neoliberal de ajuste estructural, el Banco Mundial anuncia a comienzos de los años 1990 la necesidad de prestar más atención a los programas de combate a la pobreza. Esta reorientación de las políticas del Banco que comienza a ser conocida como las ”reformas estructurales de la segunda generación” no supone el cuestionamiento de las reformas de ”la primera generación”; por el contrario, de lo que se trata ahora es de aplicar a fondo los principios fundamentales de desregularización, liberalización y privatización a las políticas sociales y de desarrollo

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La política de tierras hace parte central de los programas de combate a la pobreza. Según proclama el Banco, la política de tierras que está promoviendo en la actualidad retoma básicamente su posición de 1975 pero con una variación fundamental: el actor principal de las reformas deja de ser el Estado para cederle el protagonismo al mercado. Con esta revisión, el principio que había regido hasta ahora los modelos tradicionales de reforma agraria según el cual ”la tierra es para quien la trabaja” se convierte en el lema ”la tierra es para quien la pueda comprar”. La distribución de los recursos productivos de la agricultura se quiere dejar pues en manos del mercado con lo cual es evidente que el interés principal no es la realización de una reforma agraria amplia e integral, sino la creación de mercados de tierras.

Reforma Agraria y Derechos Humanos

El derecho humano a la alimentación, reconocido en el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, significa para las comunidades campesinas que tienen derecho a acceder a los recursos de producción alimentaria, en particular a la tierra. Cada uno de los Estados y la comunidad de los Estados que forman parte del Pacto, están obligados entonces a respetar, y garantizar su acceso a los recursos productivos. La reforma agraria es la medida central para que las campesinas y los campesinos pobres tenganacceso y control sobre la tierra, las semillas, el agua y otros recursos productivos.

La ‘reforma agraria asistida por el mercado”

El modelo de la ”reforma agraria asistida por el mercado” y la protección de los derechos de propiedad son los pilares de la política de reforma de la estructura de la tenencia de la tierra que está aplicando el Banco Mundial.

La ”reforma agraria asistida por el mercado” - o la ”reforma agraria negociada” como también se le denomina – se propone alcanzar los objetivos de eficiencia económica y justicia social de manera más eficaz y con menores costos que los modelos tradicionales. El secreto de la reducción de los costos radica en dejar operar lo más libremente posible el mecanismo de la oferta y la demanda. La idea es simple: Los campesinos que buscan tierra no tienen que esperar los costosos y demorados procesos de expropiación para recibirla, sino que entran en negociación directa y voluntaria con los terratenientes que están dispuestos a vender tierras.

Comprador y vendedor se dirigen entonces a los Bancos o Fondos de Tierras donde el terrateniente recibe a precio de mercado el pago de sus tierras y los campesinos toman un crédito para adquirirlas. El hecho de que los campesinos tengan que hacerse cargo de los costos es visto como positivo pues así se estimula la iniciativa para desarrollar proyectos rentables con los cuales poder pagar las deudas. El Estado reduce su rol principalmente a facilitarle crédito a los campesinos y a aplicar políticas macroeconómicas que dinamicen la oferta de tierras, por ejemplo, aumentando el impuesto predial rural y evitando la inflación para que la tierra no sea vista como un bien especulativo y rentístico.

La aplicación de este modelo de mercado quizás abre perspectivas positivas para empresas o cooperativas campesinas que ya disponen de cierto capital y experiencia productiva. Para la mayoría de la población campesina pobre y sin tierra, en cambio, este programa no es capaz de garantizar el derecho de las familias campesinas a acceder a la tierra y demás recursos productivos para poder alimentarse y producir, según demuestran los resultados hasta ahora obtenidos. En primer lugar, los programas están destinados principalmente a los campesinos que ya cuenten con ciertas habilidades productivas con lo cual se excluye de plano a las familias más descualificadas y seguramente más necesitadas. En segundo lugar, los campesinos seleccionados como beneficiarios, por lo general, no comprenden a cabalidad las condiciones del préstamo que tienen que tomar, lo que sumado a la baja calidad de las tierras vendidas, aumenta el peligro de que al final de toda la historia los beneficiarios queden altamente endeudados y pierdan las tierras. Además, el precio de la tierra ha aumentado por la razón obvia de que la demanda de la tierra excede la oferta lo cual se agudiza en casos donde hay gran escasez de tierras como en las Filipinas. La supuesta economía de costos se revela entonces como una quimera pues si el precio de las tierras sube, el proceso de reforma agraria se vuelve impagable para el Estado y para los supuestos beneficiarios.

Más allá de los problemas de costos y endeudamiento, el modelo se revela incoherente consigo mismo pues en la práctica no es la mano invisible de la oferta y la demanda el verdadero motor de la reforma. Detrás de bambalinas se esconde la intervención del Estado que es el que selecciona a los beneficiarios, pone el crédito a disposición, establece el precio de la tierra a causa justamente de la inexistencia o la precaprecariedad de los mercados de tierra y, además, guía las negociaciones de los campesinos con los terratenientes.

Esto no resulta asombroso. La promesa de redistribuir tierras por intermedio del mercado en contextos socio-políticos con características feudales es descabellada. Reducir el problema de la injusta distribución de la tierra a la falta de capital de las familias campesinas para comprarla es desconocer que el núcleo del problema se halla en el sometimiento y el irrespeto de los derechos de las campesinas y los campesinos. Pretender entonces que el mercado va a lograr reformas agrarias negociadas voluntariamente y de modo no conflictivo es pura fantasía.

El problema grave del modelo de mercado de tierras es que está sustituyendo los programas existentes de reforma agraria: los institutos de reforma agraria se asfixian por falta de recursos mientras que los Bancos o los Fondos de tierra cuentan cada vez con más presupuesto. Al mismo tiempo, este modelo le ofrece a los terratenientes la oportunidad de vender tierras que serían susceptibles de expropiación. Con esto se está socavando el principio de la función social de la propiedad según el cual se expropian terrenos baldíos o se establecen límites máximos a la propiedad territorial.

La protección de los derechos de propiedad

El otro pilar de la política de tierras del Banco Mundial lo constituyen los programas que se dirigen a fortalecer la protección de los derechos de propiedad. La precisa definición de los derechos de propiedad es un elemento clave para la creación de mercados de tierras, y representa para el Banco el fundamento del desarrollo económico y del crecimiento sostenible. Derechos de propiedad bien definidos y protegidos aseguran, según el Banco, la tenencia de la tierra a largo plazo y promueven las inversiones duraderas.

Además, facilitan el acceso a los créditos pues la tierra por su inmovilidad y virtual indestructibilidad es la hipoteca ideal de cualquier préstamo.

La política de protección de los derechos de propiedad ha contribuido a superar algunas de las deficiencias de las antiguas reformas agrarias. Años después de los traspasos, muchos beneficiados no contaban con títulos de propiedad formales con lo cual tuvieron que soportar muchas veces inseguridad en la posesión de sus tierras. Del mismo modo, los pueblos indígenas reclaman y necesitan títulos de propiedad legales para defender con más efectividad sus territorios de intrusos.

A pesar de todo, el otorgamiento de títulos de propiedad es ambivalente. La seguridad legal de las campesinas y los campesinos sobre sus tierras no les garantiza la protección automática contra la pérdida de ellas. Al contrario: si se presenta una situación de endeudamiento, las tierras serán lo primero de lo que echarán mano los prestamistas. Otro aspecto problemático del otorgamiento de títulos de propiedad es que han contribuido a erosionar la solidaridad de las comunidades campesinas. Con frecuencia el otorgamiento de títulos está condicionado a que las cooperativas agrarias parcelen sus tierras. Esto puede motivar la iniciativa individual, pero también puede conducir al minifundismo carente de rentabilidad y a que los campesinos, tentados por el dinero que les ofrecen los grandes inversionistas por sus parcelas, vendan sus tierras y se queden tan solo con un puñado de billetes.

Para finalizar baste una breve anotación sobre la política sectorial y las demás medidas que acompañan las reformas a la estructura de la tenencia de la tierra como el crédito, la asesoría y capacitación, y la comercialización. Estas también están marcadas por el signo de la privatización y la desregulación: El acceso a esos recursos productivos se reserva sólo para aquéllos que puedan expresar su demanda con capital. Las políticas agrarias neoliberales han sido tan adversas para la agricultura familiar que, por ejemplo en Brasil, son más los pequeños agricultores que han tenido que abandonar el campo en los dos últimos años que las familias que han recibido tierras en el mismo período de tiempo.

En síntesis, la reforma agraria de mercado no cumple ni conceptualmente ni en la realidad con el deber de garantizar el derecho humano de las familias campesinas pobres y sin tierra a acceder a la tierra y demás recursos productivos para poder alimentarse y producir.

Aunque algunos de los instrumentos de mercado mencionados tienen ciertos aspectos positivos, su impacto desde el punto de vista de los campesinos pobres y sin tierra es sumamento limitado y ambivalente. Los instrumentos basados en el mercado podrían tener su sentido si fueran porte de programas de reforma agraria más amplios. Lo que resulta fatal es que en lugar de complementar de modo sensato las reformas agrarias existentes, en la práctica, las están sustituyendo.

La Campaña Global por la Reforma Agraria de FIAN y La Via Campesina promueve una

reforma agraria que parte de un enfoque de derechos humanos y persigue una agricultura

que:

· Les dé control sobre la tierra, las semillas y el agua a las campesinas y los campesinos pobres para que vivan con dignidad;

· Produzca alimentos sanos para todos, libres de toda manipulación genética;

· produzca de modo sostenible para conservar los medios de subsistencia de generaciones futuras;

· Fortalezca los derechos de las mujeres campesinas;

· Garantice la soberanía alimentaria;

· Fortalezca las comunidades rurales locales.

BIBLIOGRAFÍA

Ø http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/historia/las-reformas.html

Ø Pan,Tierra y Libertad , Campaña Global por la Reforma Agraria/ ARC folleto de información Mayo 2003. Editor: FIAN International Print: Glogner-Druck, Heidelberg sobre papel reciclado Diagramación: Judith Seemann, en www.fian.org/resources/documents/.../la-reforma-agraria-en-colombia/pdf

Ø http://www.dhcolombia.info/spip.php?article811

Ø FIAN Secretariado Internacional Apartado Postal 102 243 69012 Heidelberg, Alemania en http://www.fian.org

Ø elaborado por: Luisa Fernanda Vargas Jaramillo

gh cod: 030150252008